Luego de que casi 200 personas han sufrido pérdida ocular, el CRUCH -a través de una declaración pública-, sostuvo que el “orden público no es un sistema de coacción física de hecho sobre la población ni puede garantizarse mediante la lesión física masiva, porque ello representa el orden del miedo y una violación sistemática a los derechos humanos”. Los rectores emplazaron a la autoridad política a prohibir absolutamente el uso de estos elementos y presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, para que la policía uniformada se abstenga por completo de utilizar escopetas antidisturbios y sus municiones durante movilizaciones pacíficas.

Hasta la fecha, los jóvenes provienen de liceos ubicados en las comunas de San Ramón y Ñuñoa.